¿Habrá tantas vacas en Chile?

El asunto es sencillo. Si hay un colegio público de excelencia y gratuito en cada barrio, instalar un colegio privado simplemente no resulta buen negocio, por mucho subsidio que se ofrezca a la demanda. Eso lo sabe todo el mundo y especialmente los empresarios privados de educación.

Distinto es el caso de colegios particulares con una orientación determinada, por ejemplo, religiosa, filosófica, cultural, de colonia, social, etc. Ese tipo de establecimientos siempre ha existido y seguirá existiendo, con o sin subsidio; nadie se opone a que los reciban si son buenos.

El problema de la educación, por lo tanto, nunca ha sido de libertad de enseñanza o apoyo público a proyectos de educación particulares. En ese punto todos coinciden. El problema ha sido un esquema que ha pretendido reemplazar el sistema de educación pública por empresas privadas con fines de lucro, lo cual evidentemente solo es posible en la medida que desmantele el primero para abrir espacio al segundo. Esa ha sido precisamente la esencia de la Loce y todos sus mecanismos relacionados, la municipalización, el financiamiento mediante vouchers iguales, el financiamiento compartido, etc. Los nuevos entes raros que el Gobierno propone se hagan cargo de los colegios es más de eso mismo.

Por este motivo, precisamente, es que hay una resistencia tan terca a lo que exige la abrumadora mayoría del país: la reconstrucción de un servicio nacional de educación pública, moderno, centralizado y descentralizado al mismo tiempo, que en breve tiempo instale un colegio público gratuito de excelencia en cada barrio de cada ciudad y pueblo de Chile. Como hicimos durante el siglo veinte.

Ante el avance arrollador de esta idea sencilla, impulsada por el más gigantesco movimiento estudiantil de la historia, se levantan voces anunciando el fin del mundo si se termina el lucro en educación, que es otra manera de expresar la idea recién expuesta. ¡Que va a quedar un millón de estudiantes sin colegio! ¡Que se va a atentar contra miles de pequeños empresarios de la educación, en su mayoría profesores! Siempre los sectores conservadores afirman que el estado de cosas actual no se puede modificar. Cuando el Gobierno Popular propuso dar medio litro de leche a todos los niños chilenos, la derecha preguntó si había tantas vacas en Chile. Ahora chillan con una sola voz ¡No se puede terminar con el lucro en la educación!

Nada mas falso. Se puede reconstruir el sistema nacional de educación pública gratuito en breve tiempo, sin un aumento significativo del gasto público, sin que quede un solo niño sin colegio y respetando escrupulosamente los derechos de los empresarios que creyeron en el esquema anterior e invirtieron en educación; incluso, se les pueden abrir mejores oportunidades de negocios. Adicionalmente, desde luego, con un enorme avance en las condiciones de trabajo del gremio más vilipendiado de Chile, al cual se ha pretendido cargar con todos los problemas de un esquema privatizador fracasado: el noble y sacrificado profesorado chileno, constituido en más de dos terceras partes por mujeres.

Una forma sencilla en que se puede realizar la transición consiste en que el Estado asuma directamente la gestión de todos los profesores que ya paga, tanto en el sector municipal como en el particular subvencionado. Como se sabe, la subvención a estos últimos supone que se paga a los profesores un salario igual al de los municipales, lo cual ciertamente no ocurre. En otras palabras, pasar todos los profesores de los colegios municipales y particulares subvencionados a ser funcionarios del nuevo servicio nacional de educación pública representa para los últimos un beneficio extraordinario ¡Y para el Estado no representa costo adicional puesto que ya está haciendo este desembolso!

Eso se hace sencillamente por decreto, como se hizo en España hace algunos años. De este modo quedará constituido en lo fundamental el nuevo servicio de educación pública, es decir, con todo su personal docente ya distribuido en el territorio, incluso con su alumnado respectivo, que es lo esencial. Desde el punto de vista de estos últimos no hay cambios, puesto que siguen con sus mismos profesores, solo que estos dependen ahora del nuevo servicio de educación pública.

Adicionalmente, hay que proceder a establecer las estructuras de supervisión y dirección del nuevo servicio docente a todo nivel, asegurando la debida participación de los poderes locales y las comunidades escolares en su gestión. En dicha estructura tiene cabida por cierto todos los actuales supervisores, directores de colegios, etc., que trabajan en el sector particular subvencionado, los que igualmente son pagados por el Estado y pueden pasar directamente a depender del nuevo servicio.

Lo principal en este asunto es que la nueva estructura docente del nuevo servicio sea definida por educadores y no por economistas que de educación no tienen idea y ya han hecho suficiente daño al sector.

Luego hay que resolver el tema de los servicios anexos a la educación, como los edificios, computadoras, aseo, alimentación escolar, bibliotecas, etc. Todo esto se puede resolver con la participación del sector privado. Es la única cosa buena del intento de privatización forzada en los últimos 30 años: se ha desarrollado una industria privada que puede proveer estos servicios.

Empezando por los edificios, que si bien han sido financiados por el Estado mediante generosos subsidios, son hoy de propiedad privada de los llamados "sostenedores," terminacho poco elegante que felizmente quedará solo como un mal recuerdo. Sin embargo, ellos tiene por contrato la obligación de destinar dichos edificios a fines educacionales por un plazo prolongado, 30 años o algo así. El nuevo servicio puede proceder a arrendar dichos edificios a una tarifa que garantice una rentabilidad razonable a las inversiones propias de su propietario en los mismos, descontado desde luego el subsidio fiscal aportado. Eso dará a los actuales "sostenedores" un ingreso más que interesante, por muchos años, y luego quedan como propietarios del terreno y edificio y sin obligaciones. No parece mal arreglo para la mayoría.

Adicionalmente, muchos sostenedores son efectivamente profesores, que pueden quedar como directores de colegio u otros cargos en el nuevo servicio, contratados como funcionarios, lo que para muchos puede ser un buen arreglo, especialmente para los pequeños. Adicionalmente, habrá que contratar los demás servicios anexos, algunos de los cuales lo pueden proveer quizás los mismos "sostenedores." De hecho, este mercado se puede ampliar a los actuales colegios municipales, con lo cual se abre al sector privado un amplio espacio de legitimo lucro en el sistema educacional ¡Pastelero a tus pasteles!

Sin perjuicio de todo lo anterior, el paso de los actuales colegios subvencionados al nuevo sistema público debería ser sobre una base estrictamente voluntaria. En otras palabras, aquellos que deseen continuar operando en las mismas condiciones actuales, deberían poder hacerlo. Ciertamente, optarían por esta alternativa los colegios subvencionados sin fines de lucro, como los pertenecientes a iglesias y otros. Posiblemente, algunos colegios subvencionados con fines de lucro -los menos probablemente- considerarán que pueden continuar funcionando aun en las nuevas condiciones, en las cuales deberán competir con un colegio público gratuito de excelencia en su mismo barrio. En cualquier caso, parece adecuado promover que en la decisión de seguir o no como colegio particular subvencionado en las nuevas condiciones participe toda la comunidad escolar y no solo el "sostenedor."

De la manera expuesta, se puede garantizar una transición indolora al nuevo sistema de educación pública gratuita, el que se reconstruye sin destruir nada de lo existente, incluido lo que se ha construido en las últimas décadas, sino por el contrario sobre la base de aquello, como debe ser.

Ciertamente es solo un camino entre los muchos posibles para lograr este gran objetivo nacional. Seguramente los expertos en la materia pueden sugerir caminos mucho mejores para lograr al mismo fin. Lo importante es precisar que si se quiere, se puede.

El país acaba de realizar un cambio mucho mayor: el nuevo sistema de justicia. Lo hizo muy bien, apoyado en un consenso de todos los sectores. Es precisamente lo que hay que hacer con la educación.

¡Es el momento de hacerlo!

Por Manuel Riesco Larrain

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OREJA DE LATA

Así bautizó a Piñera el Financial Times. Sólo en lo que se refiere a materias políticas, puesto que para los negocios es como avión. El sayo le viene. Sencillamente no parece capaz de escuchar lo que centenares de miles de estudiantes, profesores y académicos le vienen diciendo hace meses, marchando pacífica y alegremente bajo el sol, la lluvia o la nieve. Millones se lo vienen recordado a cacerolazo limpio en las últimas semanas. No hay caso. Pensando que se trata de una negociación colectiva, insiste en encalillar todavía más a los estudiantes ofreciendo un par de pesos adicionales que irían a parar directamente a los bolsillos de los bancos y una manga de lucradores con la educación.

¡Escuche Sr. Presidente! ¡No es asunto de platas sino a que se destinan! ¡Lo que el movimiento exige es algo que conviene y desea todo Chile: que el Estado vuelva a hacerse cargo de la educación y punto!

La sordera del Gobierno puede hacer perder el año escolar. Debe sentarse ahora a conversar seriamente con los actores movilizados. Si lo hace en disposición de escuchar de verdad, no parece difícil consignar las concesiones ya otorgadas y concordar un procedimiento democrático para resolver las diferencias.

El sistema actual de financiamiento de la educación universitaria tiene un mínimo componente de aporte fiscal. Descansa en su mayor parte en el cobro a los estudiantes. Representa una carga ineficiente, injusta e insostenible para estos últimos. Esta situación se agrava con créditos con aval del Estado que la hacen todavía más insoportable, aparte de representar un elevado costo fiscal y beneficios para la banca intermediaria.

Al mismo tiempo, degrada las pocas universidades que cumplen con las funciones esenciales de tales instituciones. Las tiene al tres y al cuatro. Induce su degradación en simples institutos docentes. Estos últimos, en cambio, se multiplican indiscriminadamente y se encarecen sucesivamente para que lucren sus propietarios privados.

El contenido esencial del giro requerido consiste, por lo tanto, en reducir drásticamente los cobros a los estudiantes y asegurar que todos puedan pagarlo. También, condonar parte importante de las deudas existentes.

Con demagogia populista, autoridades han alegado que ello beneficiaría a estudiantes acomodados que pueden pagar. Pues bien, que ellos sigan pagando, nadie está en contra de eso. Pero no a costa de cargar sobre el conjunto el equivalente a la mitad de todos los impuestos a la renta que pagaron todas las empresas y personas pudientes el año 2009. Esa es la magnitud de los cobros actuales de matrículas y aranceles, los que hay que reducir por lo menos a la mitad.

Lo que hoy financian los estudiantes debe ser reemplazado con creces mediante aportes basales a las universidades, especialmente a las estatales y a todas aquellas que tengan carácter público. Se entiende por tales, según la definición entregada por la FECH, a todas aquellas que efectivamente no tengan fines de lucro; realicen actividades de docencia, investigación y extensión; con una planta adecuada de personal académico de calificación elevada a jornada completa; garanticen libertad de cátedra y no discriminen negativamente por ningún concepto, al tiempo que fomenten el acceso de estudiantes provenientes de hogares populares y; garanticen todo lo anterior mediante formas de gobierno interno democrático con participación de los tres estamentos.

Las escuelas y liceos deben volver al Ministerio de Educación. No tiene sentido seguir experimentando con nuevos organismos raros que no dependen de nadie y financiados igual que ahora mediante "vouchers." Sencillamente, se debería reconstruir un servicio nacional moderno, centralizado y descentralizado al mismo tiempo, que en breve tiempo instale un colegio público gratuito de excelencia en cada barrio de cada ciudad y pueblo de Chile.

Los actuales sostenedores privados amenazan con un acabo de mundo si se pone fin al lucro en educación. Ello es falso. El Estado ya está financiando los sueldos de todos los profesores de los colegios subvencionados, como si les pagaran lo mismo que en los colegios municipales, lo que no ocurre. El Estado sencillamente tiene que asumir directamente la gestión educacional de todo el sector subvencionado. Por decreto, igual como se hizo en España hace algunos años. Podrá contratar servicios externos anexos con privados. Si en ese nuevo marco, con un buen sistema público gratuito instalado, todavía hay instituciones particulares sin fines de lucro que desean mantener colegios, hay que seguir subsidiándolos. El problema no es la libertad de educación sino el desmantelamiento del sistema público para que florezca el lucro.

En cuanto a la educación terciaria técnica, se debería restablecer una red nacional pública y gratuita. Que la universalice para los egresados de enseñanza media que no vayan a la universidad como ha dicho el propio Presidente. Por ejemplo, generalizar la experiencia del CFT Lota-Arauco, el único público y gratuito, permitiría duplicar la cobertura total en el nivel terciario con un de siete por ciento en el gasto público ¡menos de lo que el Ministro de Hacienda ofrece aumentarlo cada año!

No sería mala idea revisar asimismo la escandalosa privatización de INACAP, que fue regalado por Pinochet en la hora undécima de su gobierno, a una secta religiosa que no pagó un solo peso y hoy lucra más que ninguno.

Los principales elementos de este diagnóstico y propuestas están avalados por la OCDE y el Banco Mundial entre otras instituciones, en sus informes más recientes referidos al tema en Chile. El ex Presidente del Senado y ex Ministro, Andrés Zaldívar, planteó algo muy parecido en una entrevista reciente. En lo que se refiere a las universidades, también por institutos de derecha como el Centro de Estudios Públicos. La unanimidad de la Comisión de Educación del Senado acordó terminar con el lucro en todos los niveles educacionales.

La solución es parecida a la que en los años 1960 transformó el sistema universitario, duplicando su tamaño en pocos años y convirtiendo en modernas universidades instituciones que antes no merecían el nombre de tales, creó el INACAP e instaló un buen colegio público en cada barrio y hasta en los lugares más remotos del páis.

La clave de la salida al conflicto es que el gobierno se siente a negociar seria y directamente con los actores sociales movilizados. Para ello resulta indispensable acordar de antemano determinadas condiciones que den garantías a la negociación misma, más que la aceptación previa de algunos puntos del petitorio del movimiento.

Por ejemplo y en primer lugar, el establecimiento de la mesa no debería requerir el término de las movilizaciones sino por el contrario, supone que las mismas continuarán por los cauces que sus dirigentes estimen más apropiados en cada momento.

En segundo lugar, debieran participar el gobierno y todos los actores movilizados y no otras partes interesadas. Es decir, los estudiantes secundarios, universitarios y de postgrado, los profesores, académicos y funcionarios, pero no los sostenedores, rectores, "expertos," etc. Ello sin perjuicio que de común acuerdo pueda incluir a parlamentarios que posteriormente deberán legislar al respecto.

En tercer lugar, el gobierno debe comprometerse a no enviar proyectos al parlamento referidos a educación antes de concluir los trabajos de la mesa de negociación. Muy especialmente, el presupuesto de educación 2012 debiera ser sometido a la discusión de esta mesa en los puntos atingentes. Los estudiantes tienen claro que todos los recursos requeridos deben consignarse en la ley de presupuesto y el gobierno tiene iniciativa exclusiva al respecto.

Se puede acordar de antemano que la mesa consignará los puntos ya aceptados por el gobierno, que no son pocos y definirá de común acuerdo un mecanismo democrático para resolver las diferencias, que son las más.

En cuanto a los primeros, por ejemplo, parece importante el ofrecimiento del Ministro de Hacienda de incrementar el presupuesto educacional en un 30 por ciento al 2014. Ello equivale a un ritmo de incremento del gasto de 9 por ciento anual. Puede ser necesario un poco más, pero no parece lejano a lo que se necesita para atender las principales demandas de forma razonable. Como se ha mencionado, felizmente no hay en este caso un problema de platas.

En cuanto a las diferencias, el movimiento ha planteado que el plebiscito parece la mejor forma de resolverlas, lo cual ha ganado una aceptación nacional impresionante. Sin embargo, especificamente para algunas materias de educación, puede haber formas inmediatas alternativas. Una de éstas, por ejemplo, puede consistir en que el gobierno utilice su iniciativa legislativa exclusiva para depositar en el parlamento la resolución efectiva de algunas de estas materias, levantando las restricciones presupuestarias respectivas.

Los estudiantes han dado de si lo suficiente como para que merezcan ser escuchados de verdad. No se puede forzar que además pierdan el año escolar. La responsabilidad exclusiva de no sentarse a conversar con ellos seriamente recae sobre el gobierno. Ellos lo vienen pidiendo desde hace semanas junto a sus rectores. Su reciente comparecencia ante el Senado mostró ante el país su disposición al diálogo y la notable seriedad de sus propuestas.

La alternativa para el gobierno es arriesgada. Siguen apostando al decaimiento del movimiento estudiantil, sin embargo, hay indicios que éste podría derivar en un estallido social más generalizado. La cosa se les puede poner fea.

¿Serán capaces de escuchar? Según la Violeta, eran sordos. ¡Sordos! ¡Sordos!

  Manuel Riesco Larrain

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SI CAE EL MODELO EDUCACIONAL SE INICIA EL VERDADERO CAMINO HACIA LA LIBERTAD

El sistema político se encuentra en crisis después de tres décadas y el modelo económico impide, por las lógicas ideológicas del poder, que se realicen las reformas necesarias para mejorar la calidad de vida de la sociedad civil, abatida por el encarecimiento del costo de la vida, el endeudamiento, y la subordinación de la que es víctima desde una constitución que no garantiza la participación ciudadana, legando la totalidad de las decisiones a las cúpulas que acceden a la administración del aparato del Estado, a través de una democracia representativa, donde los intereses de la ciudadanía entran en conflicto con las decisiones oficiales de las autoridades.

 Chile es una empresa donde convergen las inversiones nacionales con la extranjeras, un escenario de negocios, con exigencias tributarias mínimas que les garantizan un paraíso del capitalismo para multiplicar sus fortunas, sin que este proceso beneficie a los gobernados, los que por antítesis, reciben bajos salarios, maltratos encubiertos, y una normativa que condiciona y somete su voluntad a los designios del dinero.

Sin duda, el desmantelamiento de la educación y la salud públicas, y la traslación de estas a los espacios del mercado, marcan un hito durante los años de dictadura, que tendrá consecuencias en los años posteriores a su ejecución. La municipalización de ambas realidades son el principio de su descomposición, instalando un sistema paralelo con mayores y mejores garantías, con la evidente intención de convertirlo en un prolífico negocio para el sector privado.

Así se va estableciendo un vínculo entre educación y negocio, la calidad se asocia a la capacidad económica de las familias para garantizar una buena enseñanza, por el contrario, quien no dispone de ingresos medios altos o altos, está condenado a una oferta educativa marginal proveniente de un Estado débil, displicente, que deja de desempeñar su rol de servicio ciudadano, preocupándose de administrar a través de su gestión y de su legislación, los diferentes conflictos sociales que pudieran empantanar el crecimiento económico de los inversionistas.

La estabilidad es un principio esencial para mantener el "orden" del modelo económico, reconociéndose unilateralmente, el derecho a cuantificar las riquezas de los grupos económicos en desmedro del trabajo humano de la mayoría, el que se desvaloriza permanentemente disminuyendo su acceso al consumo básico indispensable.

Alimentos, transportes, y viviendas de alto costo en relación a otros países latinoamericanos. Ingreso mínimo paupérrimo. El viejo concepto de la explotación se cierne sobre nuestras vidas, en un país que contextualizado por su crecimiento material, esconde la pobreza y la subsume entre resultados macroeconómicos y debates públicos que excluyen estos temas de la agenda pública nacional.

El lucro predomina como un derecho inalienable de los empresarios, desdeñando la idea de buscar un equilibrio que nos permita acceder a una mayor justicia social.. Vender con la mayor rentabilidad posible es un axioma esencial del neoliberalismo, y esto incluye a la Educación y a la Salud de todos los chilenos.

Las recientes movilizaciones estudiantiles reivindican el derecho a una educación gratuita proveniente del Estado, y de paso le recuerdan a este estamento, cual debe ser su rol en relación con la sociedad civil a la que gobierna. Recuerdo el viejo axioma del Presidente Pedro Aguirre Cerda, en la década del treinta del siglo pasado: "Gobernar es educar", pero las autoridades actuales no comparten este principio humanista, quien no posea dinero suficiente no tiene acceso a la educación, salvo que acepte las reglas del juego, y gestione un crédito en el sector financiero y comprometa su vida y su futuro, arriesgando su escaso patrimonio ante la imposibilidad de emplearse en el raquítico mercado ocupacional, porque siendo objetivo, la relación oferta educacional versus mercado laboral es absolutamente incoherente y desproporcionada. Se obtiene un crédito endeudándose y luego nadie garantiza un espacio laboral digno y bien remunerado para cubrir el compromiso económico contraído. La mera acción en este sentido, nos sume en una inseguridad y en una inestabilidad de la cual nadie se hará cargo en los próximos años.

En síntesis, el país enfrenta una contradicción de fondo, la educación es un valor y un derecho que debe ser garantizado por los gobernantes de turno, y no un negocio para enriquecer a los empresarios que por extensión de sus empresas financieras y de manufacturas, instalan a diestra y siniestra Universidades y colegios privados.

La razón de fondo de las contradicciones que enfrenta nuestra sociedad es que los grandes empresarios, asumida la globalización capitalista, entienden que es insuficiente el solo manejo de sus negocios e inversiones, y por tanto, expanden sus tentáculos hacia el poder del Estado, al ejercer su control disponen del territorio nacional, de sus riquezas naturales, patrimonio de todos sus habitantes, en un espacio para privilegiar sus negocios individuales, de esta forma idean el proyecto Hidroaysen, para vender más energía y generar mayor rentabilidad para los inversionistas, sin que esta riqueza "chorree" al conjunto de la población.

No se requiere de mayor rigor analítico para responder a la pregunta de ¿por qué y para qué un millonario decidió presidir el país en la actual coyuntura, constituyendo un equipo ministerial y jefaturas  con personas de grupos provenientes del poder económico nacional?.

Es evidente que aquellos que han pensado a través de la historia que el Estado debe descentralizar el manejo económico, radicando la acción en su totalidad en el sector privado, no pueden sentir y pensar que hay valores humanos que están fuera de cualquier criterio economicista, no está en su ADN el entendimiento que educar no es vender, que sanar a otro ser humano, es impropio de un negocio, el lucro en estos ámbitos es una inmoralidad, es una visión contraria a la ética humanista, y por tanto, la reacción natural de los afectados por esto tipo de modelo esgrimen con legitimidad, el derecho a una sociedad de características  distintas a las que fueron impuestas a partir de la transición en la década de los noventa.

Chile empieza a cambiar, aún los poderes fácticos mantienen el control de los procesos y proponen solucionen que enmarcan con alambre de púa, el que salta la cerca es reprimido con eficacia, pero son tantos los presionan que la cerca se derrumbará, y cuando eso ocurra, será el inicio de un camino hacia una verdadera libertad.

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